La UGT bajo sospecha

Buenos días Sr. Rajoy. “La UGT está bajo sospecha y con ella un sindicalismo tan arcaico como ineficaz y contraproducente para los intereses de los trabajadores”

La tormenta desatada alrededor de UGT permite al editorial de ese panfletario medio, de fatuo y engañoso nombre de virtud gnóstica, arremeter contra el sindicalismo de clase empleando un silogismo que se muestra errado e interesado, pues está basado en juicios de valor y no en premisas ciertas. Ni tan siquiera en premisas objetivamente apreciadas. Al menos no tan objetivamente apreciadas como las que afectan a la clase política, sobre todo, a la clase política dextrógira.

Vaya por delante que no soy lector habitual de ese diario, autocalificado como independiente, y culpo a la casualidad el toparme con esa afirmación que, bueno, ha permitido la reflexión de hoy. Sí reconozco, en cambio, haber oído en más de una ocasión, con perplejidad, mucho esfuerzo y mayor asco, al que es su director.

Ese, llamémosle, “razonamiento” empleado ayer por “La Razón” arguye profesionalización y sospecha sobre UGT, para concluir que el sindicalismo de clase es anacrónico, inútil y, además, enemigo de los intereses laborales, proponiendo su refundación para levar las anclas del s. XIX y arribar el moderno s. XXI.

Con ese editorial revela, de una parte y una vez más, como la iniquidad informativa convierte el periodismo en un despreciable instrumento de manipulación a sueldo, que pretende otorgar veracidad a lo que no es ni tan siquiera verosímil; se descubre, una vez más, al servicio de los intereses de mercado, o del capital, obsesionados con el negocio a costa de una devaluación laboral y social que el sindicalismo de clase ni permitió en el s XIX, ni permitirá en el XXI; y se viste, además, de una falsa y fingida, fingida y falsa preocupación sobre el futuro del movimiento sindical erigiéndose en crítico de su democracia interna y en tutor de los intereses de los trabajadores.

De la otra parte, y aquí entra usted Sr. Rajoy, creo que el diario "independiente" traiciona a aquel de quién depende en linea ideológica y a quienes sirve pues, en realidad, delata una vieja, vergonzante y taimada aspiración de una “derecha moderna” con rancio abolengo que impregna a un empresariado explotador, que arraiga en el s. XIX y que no perdona al movimiento sindical el despertar de la dignidad de los trabajadores.

Es tan soez la argucia que podría ser insultante a unos lectores con algo más de juicio y sentido común que aquellos que diariamente gastan 1,30 euros en un poco de razón que de sentido a sus vidas; que diluya sus dilemas con un montón de papeluchos sectarios.

Pero es que, además, los silogismos nos invitan a las buscar similitudes y ahí pueden llevar las de perder, o al menos me lo parece a mí. ¿A usted no?

Se habla de “una casta dirigente que se ha perpetuado en el poder hasta convertirse en auténticos profesionales del sindicalismo”, porque las ejecutivas, elegidas estatutaria y democráticamente, llevan no sé cuantos años “a sueldo” del sindicato; se habla de sospecha de desvío de subvenciones en Andalucía por parte de “un clan directivo que, por activa o por pasiva, auspició, consintió o se benefició de una gestión fraudulenta del dinero público” queriendo extender la presunta responsabilidad a la totalidad de la organización UGTista y hasta, y eso les traiciona en sus intenciones, al sindicalismo de clase en su conjunto.

Dejando para otro momento los apelativos manejados por el diario "independiente" como “casta” o “clan”, que pretenden provocar en el lector ciertas asociaciones, me ceñiré a las principales afirmaciones aparcando, como digo, unos apelativos de mafiosidad que quizás tuvieran mejor acogida en sus filas a causa de los hechos que rodean a su partido, su financiación y a las donaciones recibidas para ganar las elecciones.

Sí, porque en el sindicato somos trabajadores; nos organizamos para defender nuestros intereses, los de todos sin excepción, alrededor de unos estatutos aprobados por todos los afiliados, que definen nuestra participación democrática y que serán mejorables, no lo dudo, pero de los que somos responsables todos y todas.

Las ejecutivas sindicales son órganos democráticos que no quitan y ponen a jueces para que impartan justicia polarizada, ni a inspectores de hacienda para que sancionen según criterios ideológicos o, igualmente bajo sospecha, personales a costa del erario.

Las ejecutivas sindicales pueden contener personas de dudosa solvencia, porque son personas antes que sindicalistas, y puede llegar a darse algún caso de irregularidad, pero no tienen, como ocurre en su partido, a todos los tesoreros, desde tiempos de Fraga hasta ahora, imputados por casos de corrupción.

Bárcenas está entre rejas; los anteriores no porque salieron bien las estrategias de manipulación y obstrucción. En cualquier caso, a pesar de la lista de imputados que continúan en su cargo político, el independentismo de la “La Razón” no encuentra ninguna razón para poner bajo sospecha al PP y tachar a la derecha española de antidemocrática y de casta o clan cuyos seguidores se benefician de la gestión fraudulenta del dinero público.  

Las ejecutivas sindicales se nutren principalmente de liberados sindicales y solo tienen cargos a sueldo cuando no es posible esa liberación; los partidos políticos dan sueldo (dinero público) a dirigentes, parlamentarios y alcaldes, pasando de 27.600 cuando empezó la crisis a los 39.500 actuales (11.900 más en plena crisis).

Los partidos políticos gestionan tanto empleo (145.000) como Iberdrola, Endesa y Repsol juntos y a todo eso hay que sumar los más de 20.000 asesores contratados a dedo como personal de confianza en el conjunto de las administraciones e instituciones que pagamos todos pero que sirven al dedo que les nombró; según los papeles del ex tesorero, y último imputado del PP, han revelado que el partido controla 33.000 nóminas.

Todos recordamos, Sr. Rajoy, aquel "Gano bastante más que los 300 euros que usted cobra de pensión" en respuesta a la señora que, en 2007, se preguntaba sobre lo que ganaba un Sr. Rajoy que llevaba en la vida política desde 1981. En aquel 2007 sus retribuciones netas declaradas ascendían a 122.500 euros. Es innegable que la política, sin contar con el sobre-sueldo o el bajo-cuerda, es bastante más rentable que el sindicalismo.

Declaración Renta MRB año 2011

 

Retribuciones declaradas,
 limpias de polvo y paja.

Por ello,... si hablamos de profesionalización, que no profesionalidad, ninguna tan palmaria como la política.

Dejó de ser una vocación de servicio, nacida de la ilusión democrática después de 40 años de abstinencia, para convertirse en una carrera profesional estable, pues cuando no eres ministro eres presidente, cuando no subsecretario eres director general y cuando ni lo uno ni lo otro, finalmente, gracias a las influencias y a la cadena de favores, te acoge alguna empresa; y es una carrera bien remunerada hasta después de “abandonarla” por los motivos que sea.

Algunas actuaciones bajo las siglas del sindicato no son compartidas por el conjunto de los afiliados, pero sí mayoritariamente aceptadas. Son los defectos y las virtudes de la democracia; otras pueden ser lamentables, pueden exceder los límites del mandato democrático y hay que depurarlas exigiendo responsabilidades políticas, que no tienen porque ver con las penales, y las exigiremos desde la mayoría, desde la minoría o desde la individualidad; y, en su caso, hay que depurar las responsabilidades sobre hechos que se declaren delictivos, y los trabajadores y afiliados debemos ser y seremos los primeros interesados para que ningún necio confunda el valor con el precio de la democracia.

Así pues, como D. Francisco Marhuenda, erudito necio donde los haya, parece leer sus pensamientos y expresarlos con mayor claridad que usted mismo, piense en qué clase de democracia están construyendo, todos, pero ustedes ahora en mayor grado de responsabilidad.

Es posible que entonces, sus editoriales serán mas claros e independientes.

F. Sánchez

10/12/2013

LISTA DE POLÍTICOS DEL PP IMPUTADOS POR CORRUPCIÓN Y QUE A PESAR DE TODO ESTÁN PRESENTES EN LA POLÍTICA:

Francisco Camps (PP), Valencia, IMPUTADO Caso Gürtel
Ricardo Costa (PP), Valencia, IMPUTADO Caso Gürtel.
José Manuel Tortosa (PP) Parlamento Autonómico Cuenca, IMPUTADO prevaricación y falsedad documental
José Manuel Traba (PP), Fisterra Galicia, IMPUTADO Operación Orquesta
José Manuel Santos (PP) Mazaricos Galicia, IMPUTADO Operación Orquesta
Ignacio García de Vinuesa (PP) , Alcobendas Madrid, IMPUTADO malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas
José Ignacio Fernández Rubio (PP) (Las Rozas)
Miguel Rodríguez Bonilla (PP), Guadarrama Madrid, IMPUTADO prevaricación y malversación
Miriam Rabaneda (PP) Pinto Madrid, IMPUTADA prevaricación
Luis Partida (PP) Villanueva de la Cañada Madrid, IMPUTADO delitos varios
Raúl López (PP) Coslada Madrid, IMPUTADO delitos varios
Íñigo Henríquez de Luna (PP) Madrid
José Joaquín Ripoll (PP), Alicante Valencia, IMPUTADO caso Brugal.
Carlos Fabra (PP), Castellón Valencia, IMPUTADO caso Fabra
José I Fernández (PP), Las Rozas Madrid, IMPUTADO delito contra la ordenación del territorio
Clara Torre (PP), Torres de la Alameda Madrid, IMPUTADA malversación
Miriam Rabaneda (PP,) Pinto Madrid, IMPUTADA prevaricación
Raúl López Coslada (PP), Madrid, IMPUTADO prevaricación
Luis Partidad (PP), Villanueva de la Cañada, Madrid, IMPUTADO tráfico de influencias
Ana María Pinos (PP), Belmonte de Tajo, IMPUTADO delito contra la ordenación del territorio
Ángel García (PP) Guadalix de la Sierra Madrid, IMPUTADO negociaciones prohibidas
Íñigo Henríquez de Luna (PP), Madrid, IMPUTADO tráfico de influencias
Roberto Vázquez Souto (PP) Portas, Pontevedra, IMPUTADO falsedad documental
Jesús Dionisio (PP) Madrid, IMPUTADO prevaricación y tráfico de influencias
Jaume Matas (PP), Baleares, IMPUTADO, Caso Palma Arena
Cristina Almagro (PP) Granada, IMPUTADA por falsificación de documentos
José Manuel Santos Maneiro (PP), Galicia, IMPUTADO por corrupción en la adjudicatura de obras públicas
Tamara Rabaneda (PP) Pinto, Madrid, IMPUTADA prevaricación
 Raúl López Vaquero (PP) Coslada, Madrid, IMPUTADO prevaricación y malversación
Ramón Polo (PP) Torres de la Alameda, Madrid, IMPUTADO malversación
Manuel Tello (PP) Torres de la Alameda, Madrid, IMPUTADO malversación
Pilar Algobia Aparicio (PP) Colmenar de Oreja, Madrid, IMPUTADA delito urbanístico
Agustín Padrón Benítez (PP) El Hierro, Canarias, IMPUTADO malversación
José Fernández Amador (PP), Sorbas, Almería, IMPUTADO prevaricación
Pedro Antonio Sánchez (PP), Murcia, IMPUTADO prevaricación, delitos urbanísticos, malversación
Daniel García Madrid (PP), Torre Pacheco, Murcia, IMPUTADO prevaricación, ordenación del territorio, malversación
María Antonia Conesa (PP), Fuente Álamo, Murcia, IMPUTADA cohecho
Pedro Ángel Hernández (PP), Parlamento Valenciano, IMPUTADO tráfico de influencias
Juan Martín Serón (PP), Alhaurín el Grande, Granada, IMPUTADO cohecho y prevaricación
Cristóbal Bonilla (PP), Alhaurín el Grande, Granada, IMPUTADO delito urbanístico
José Antonio Robles (PP), Güejar Sierra, Granada, IMPUTADO presunta compra de votos
María Victoria Molina (PP) Maracena, Granada, IMPUTADA cohecho, caso “Morelábor”
Reyes Maestre (PP) Pinto, Madrid, IMPUTADO corrupción urbanística
Gerardo Pérez García (PP) Navas del Marqués, Málaga, IMPUTADO caso “Ciudad del Golf”
José Antonio Arrojo (PP) Casar del Palomero, IMPUTADO delito electoral y prevaricación

Salvador Álvarez (PP) Calamonte, IMPUTADO prevaricación
José Manuel Cendán (PP) Ares, Galicia, IMPUTADO delito electoral: alteración del censo
Manuel Taboada (PP) O Pino, La Coruña, IMPUTADO delitos urbanísticos
Jesús Vázquez Almuiña (PP) Bayona, Pontevedra, IMPUTADO prevaricación
Alfonso Puente (PP) Barreiros, Lugo, IMPUTADO prevaricación
María del Carmen Castellano (PP) Telde, Gran Canaria, IMPUTADA malversación y cohecho
Francisco González (PP) Mogán, Gran Canaria, IMPUTADO prevaricación, “caso Góndola”
Luis Díaz-Alperi (PP) Parlamento Autonómico, Alicante, IMPUTADO prevaricación
Joaquín Villanova (PP) Alhaurín de la Torre, Málaga, IMPUTADO malversación
Antonio Torres (PP) Béjar, Málaga, IMPUTADO delito contra la ordenación del territorio
Ana Mula Redruello (PP) Fuengirlo, Málaga, IMPUTADA falsedad documental
Javier Trujillo Bernal (PP) Cabildo Gomera, IMPUTADO prevaricación
Jorge Bellver (PP) Parlamento Valenciano, IMPUTADO prevaricación
Esteban Bethencourt (PP) Valle Gran Rey, Gomera, IMPUTADO malversación
César Manrique (PP) Ciudad Real, IMPUTADO cohecho y falsedad documental